El ritmo de crecimiento del gasto sanitario público lleva a todos los gobiernos a introducir medidas correctoras para contenerlo y resolver, en parte, los problemas de la financiación sanitaria.
En el contexto español se ha optado por medidas correctoras con efectos económicos inmediatos, aplicadas sobre las Industria, la Distribución Mayorista y las Oficinas de Farmacia. La naturaleza de estas medidas ha permitido desacelerar el ritmo del crecimiento del gasto farmacéutico público, pero con un efecto limitado en el tiempo.
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